Desde el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires se expresaron para “instar a la Justicia a llevar adelante investigaciones exhaustivas, de modo de constatar que los procesos químicos-industriales sean llevados adelante de manera segura y con adecuación a la Ley, y así propender a evitar
desastres ambientales que pongan en riesgo a la población”.
La entidad se manifestó tras conocerse la noticia de la explosión de un reactor de la empresa Atanor, que dispersó por toda la localidad de San Nicolás una fuerte carga de cianurilo, una sustancia altamente tóxica.
La explosión en el reactor de Atanor, en la localidad de San Nicolás El presidente del Consejo Profesional de Química, Dr. Carlos H. Colángelo, expresó que “toda actividad industrial que involucre procedimientos vinculados a la química, debe estar a cargo de personal matriculado a este Consejo, capacitado, y con
idoneidad suficiente”.
Así, destacó que “cuando ocurren sucesos lamentables como los registrados en la empresa Atanor, es menester que la Justicia constate que estas condiciones se hayan cumplido a rajatabla y, en caso de no ser así, disponer las sanciones correspondientes y el cese de actividades hasta tanto no se verifique el cumplimiento de las normas de seguridad, cuidado ambiental y matriculación de personal”.
Consecuentemente, Colángelo hizo extensivo el pedido a los organismos de contralor, autoridades gubernamentales y legislativas, a los fines de que “arbitren los medios necesarios para establecer un diagnóstico certero e integral sobre la adecuación a la Ley y estándares de calidad vigentes, en la actividad industrial de toda la provincia de Buenos Aires”.
“¿Se sabe si el personal a cargo del manejo de sustancias químicas está debidamente matriculado? ¿El personal involucrado en relación a la pregunta anterior: es químico para dar cumplimiento a la ley 7020? ¿Se cumplen los protocolos de seguridad, higiene y cuidado ambiental? ¿Se constata el acatamiento de las sanciones y dictámenes judiciales ante los procedimientos ilegales detectados?”. Según Colángelo, interrogantes como éstas deben regir la acción de control en todo el arco productivo de la provincia.
Se recuerda que en 2023, la Justicia ratificó la eliminación de residuos altamente tóxicos al río Paraná y la “ilegalidad manifiesta” de las operaciones por parte de Atanor. Asimismo, en 2016 -a poco de que la fábrica reabriera tras haber sido clausurada- se produjo un incendio de magnitud que cubrió los alrededores con una nube tóxica.
Tras la reciente explosión del reactor, se dictaminó un nuevo cese de actividades y se prohibió la salida de camiones con residuos y materiales bajo apercibimiento de multas.
Según el presidente del Consejo Profesional de Química, “la permisividad al ejercicio ilegal de la química por parte de las gerencias empresariales, las autoridades y los organismos de contralor, es más común y recurrente de lo que se cree”.
En esta línea, Colángelo agregó que “para abaratar costos de producción, muchas empresas contratan a personal químico sin la capacitación suficiente, y que no se encuentra matriculado en el Consejo Profesional de Química, entidad encargada de supervisar el accionar de sus representados de acuerdo a los estándares de calidad y seguridad vigentes, como así también de velar por la seguridad de la ciudadanía, la jerarquía de los servicios prestados, y no cumplen con la ley 7020”.
