El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que se debe anular el sobreseimiento del sindicalista Juan Pablo «Pata» Medina y continuar la investigación en su contra por presunta extorsión a empresarios de la construcción. Según la causa, Medina habría exigido pagos económicos a cambio de no paralizar obras mediante huelgas.
En su dictamen, Casal consideró que la anulación del proceso y el sobreseimiento de Medina fueron «arbitrarios y prematuros» y sostuvo que no se ha probado la existencia de un complot en su contra por parte de funcionarios del Gobierno bonaerense, agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y un juez. Además, señaló que las reuniones mantenidas en la sede del Banco Provincia en 2017, en las que participaron funcionarios de la administración de María Eugenia Vidal, empresarios y agentes de inteligencia, no pueden considerarse ilegales, sino que formaban parte de una estrategia para denunciar las presuntas maniobras del sindicalista.
El kirchnerismo denominó a estas reuniones como la «Gestapo» antisindical, haciendo referencia a una frase pronunciada por el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas: «Créeme que si yo pudiera tener una Gestapo para terminar con todos los gremios lo haría». Sin embargo, Casal sostuvo que la actividad de los agentes de la AFI podría encuadrarse dentro de tareas de inteligencia criminal legal.
Un fallo controvertido
La causa contra Medina había sido declarada nula por el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata, que argumentó que hubo contactos irregulares entre el juez federal Luis Armella y agentes de la AFI durante momentos clave de la investigación. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el sobreseimiento de Medina y otros gremialistas, con los votos de Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, mientras que Guillermo Yacobucci votó en disidencia. El fiscal Raúl Pleé intentó revertir esta decisión mediante un recurso extraordinario, pero fue rechazado, por lo que elevó el caso a la Corte Suprema de Justicia.
En su dictamen, Casal destacó que existen indicios suficientes para sospechar que miembros del sindicato de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) de La Plata habrían cometido actos de intimidación contra empresarios con el respaldo de ciertas autoridades políticas. Esta situación habría dificultado las denuncias y obstaculizado soluciones a los problemas generados en la actividad constructora.
Un largo proceso judicial
Medina fue detenido en septiembre de 2017 y procesado por «asociación ilícita», «lavado de dinero» y «extorsión». Se le impuso un embargo de 200 millones de pesos. En 2020, obtuvo la prisión domiciliaria, pero en 2021 volvió a ser arrestado por incumplir la prohibición de participar en actividades gremiales. Finalmente, recuperó la libertad, pero su juicio quedó suspendido tras el sobreseimiento dictado por la Cámara de Casación.
Paralelamente, en 2022, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó a exfuncionarios del Gobierno de Vidal y exdirectivos de la AFI, acusados de haber montado una causa contra Medina. Sin embargo, la Cámara Federal revocó esos procesamientos y ordenó profundizar la investigación. Posteriormente, el juez Marcelo Martínez De Giorgi dictó la falta de mérito para los involucrados.
Ahora, con el dictamen del Procurador Casal, el caso toma un nuevo rumbo y queda en manos de la Corte Suprema decidir si se reabre la investigación contra el sindicalista Pata Medina.