La investigación sobre el negocio de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires volvió a activarse con fuerza y empieza a incomodar a distintos niveles del poder político y administrativo. El fiscal federal Guillermo Marijuan promovió una denuncia que describe un presunto esquema de coimas, lavado de dinero y contratos direccionados, con participación de municipios, funcionarios y áreas del Ministerio de Transporte bonaerense.
El expediente quedó a cargo de la jueza María Servini, quien deberá establecer si existió una estructura sistemática destinada a evitar licitaciones, manipular adjudicaciones y desviar fondos millonarios generados por las multas de tránsito.
Un modelo extendido
La causa no apunta a episodios aislados. Por el contrario, pone bajo la lupa un mecanismo que, según la denuncia, se habría replicado en varios distritos de la Provincia. Entre los municipios mencionados figuran La Matanza, General Pueyrredón, San Isidro, San Martín, Morón, Hurlingham y Zárate.
El patrón se repite: convenios con universidades públicas que luego tercerizaban el servicio en empresas privadas, creando una cadena de intermediación que diluía responsabilidades y esquivaba los procesos formales de contratación.
La mira sobre Transporte
El foco también alcanza a los organismos encargados del control vial. La Justicia investiga una posible connivencia en la habilitación de radares, lo que coloca bajo observación al ministro Martín Marinucci, en continuidad con cuestionamientos que ya pesaban sobre gestiones anteriores.
Uno de los ejes centrales será determinar si los mecanismos de autorización y control funcionaban como instancias reales de fiscalización o si, en la práctica, formaban parte del circuito que sostenía el negocio.
Recaudación millonaria
El volumen económico del sistema es otro de los puntos críticos. Según la denuncia, hasta el 70% de lo recaudado por infracciones quedaba en manos de empresas privadas, dejando a los municipios con una participación considerablemente menor a la que fija la normativa.
En al menos uno de los distritos investigados, la recaudación habría superado los 3.700 millones de pesos en menos de un año, lo que expone la magnitud del negocio.
Dinero en negro y facturación apócrifa
La causa también incorpora una hipótesis de lavado de activos. Se investiga el uso de empresas fantasma y facturación irregular para generar dinero en efectivo, que luego habría sido utilizado para el pago de sobornos a funcionarios con poder de decisión.
Estas maniobras ya habían sido advertidas en investigaciones previas a nivel provincial, encabezadas por el fiscal Álvaro Garganta, y ahora comienzan a entrelazarse con la causa federal.
Un empresario clave
Dentro del expediente aparece reiteradamente el nombre de Leandro Camani, empresario vinculado al sistema de fotomultas. Como titular de Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., es señalado como un proveedor central en distintos municipios.
De acuerdo con la denuncia, su estructura empresarial habría operado mediante firmas vinculadas, domicilios compartidos y facturación cruzada, sosteniendo el circuito económico del sistema, incluida la generación de fondos presuntamente destinados a coimas.
Camani ya había sido mencionado en otras causas similares, lo que refuerza la principal hipótesis judicial: el esquema no sería excepcional, sino parte de un modelo que se repite en distintos puntos de la Provincia.