Durante el último fin de semana, la presión mediática sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación se intensificó con un objetivo claro: acelerar la confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad y, de esa manera, inhabilitarla como candidata para las elecciones legislativas de 2025. A esa avanzada se sumó incluso una declaración del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien anticipó que el fallo podría conocerse esta misma semana. Sin embargo, en los pasillos del Palacio de Tribunales el panorama dista de ser tan concreto: el expediente todavía no llegó al despacho de los jueces supremos y permanece en manos de la Secretaría Penal del tribunal, que elabora un dictamen previo.
Además, sigue sin resolverse una recusación clave: la defensa de la expresidenta pidió apartar al juez Ricardo Lorenzetti, quien adelantó públicamente su intención de fallar “rápidamente”, algo que los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy consideran incompatible con la imparcialidad. La Corte necesita tres votos para dictar una resolución, y con Lorenzetti cuestionado, debería sortearse al menos un conjuez para completar el quórum legal de cinco integrantes. La decisión que tome el máximo tribunal sobre este punto podría marcar el tono del proceso completo.
En ese contexto, las versiones que circulan dentro del propio tribunal apuntan a dos líneas posibles. Por un lado, un sector inclinado a confirmar la condena de seis años de prisión contra Cristina Kirchner, lo que la dejaría fuera de la contienda electoral e implicaría una prisión domiciliaria por su edad. Pero hay otra versión que plantea una lectura más política: un miembro de la Corte, en sintonía con sectores del oficialismo, vería con buenos ojos permitir que CFK compita, en tanto su presencia polariza el escenario electoral, debilitando al PRO y fortaleciendo la estrategia del gobierno de Javier Milei.
El calendario electoral agrega presión. El 19 de julio vence el plazo para la presentación de candidaturas para las elecciones bonaerenses de septiembre. A partir de esa fecha, los candidatos electos gozan de fueros que podrían blindar a Cristina Kirchner durante todo el período legislativo. Por eso, la urgencia de los medios alineados con la oposición y sectores empresariales para que el fallo se conozca antes: buscan impedir que la exmandataria pueda participar.
Mientras tanto, los argumentos judiciales que sostienen la causa Vialidad continúan generando cuestionamientos. La acusación se centró en supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz durante sus mandatos. Sin embargo, no se presentó prueba directa de que Cristina Fernández haya intervenido en decisiones administrativas ni que haya firmado resoluciones relacionadas con las licitaciones. Incluso en el juicio se probó que tanto jueces como fiscales compartieron espacios privados con funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, en un contexto de evidente conflicto de intereses.
Otro punto de presión fue la reciente confirmación de condenas por lavado de dinero en el caso «Ruta del Dinero K», donde se intentó vincular a Cristina Kirchner con los fondos de Lázaro Báez. No obstante, los propios fallos indican que el delito precedente fue la evasión fiscal, no las obras viales. Tras años de investigaciones, no se halló ningún rastro de bienes o cuentas no declaradas a nombre de la exmandataria ni de su familia. Aun así, desde ciertos sectores del poder judicial y mediático persiste el intento de sostener su implicación.
En conclusión, el futuro político y judicial de Cristina Fernández de Kirchner sigue atado a una resolución que, lejos de estar basada únicamente en fundamentos jurídicos, parece atravesada por disputas de poder e intereses electorales. Si el fallo llega antes del 19 de julio, podría dejarla fuera del tablero electoral. Si se demora, abrirá una nueva etapa de tensión en la política nacional, con la expresidenta nuevamente en carrera. Todo dependerá de los tiempos —y las voluntades— del cuarto piso de la Corte.