La expresidenta y actual titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner, presentará ante la Corte Suprema de Justicia un recurso extraordinario para impugnar la colocación de una tobillera electrónica y las limitaciones a su régimen de visitas, medidas impuestas en el marco de la condena por la denominada causa Vialidad.
A través de sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, la defensa argumentará que las disposiciones son “innecesarias y estigmatizantes”, ya que no existe riesgo de fuga. Sostienen que Cristina Kirchner siempre se presentó ante la Justicia, cuenta con custodia policial permanente y, por su condición de figura pública, sería imposible evadir la pena sin ser detectada.
El escrito también cuestiona la falta de fundamentos por parte del Tribunal Oral Federal N° 2 y de la Cámara Federal de Casación Penal, remarcando que el supuesto riesgo señalado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola no fue respaldado por informes técnicos.
En términos legales, los letrados apelan al artículo 33 de la Ley 24.660, que habilita a prescindir de dispositivos de control si no hay peligro de fuga. Además, mencionan que, de acuerdo con datos oficiales, menos de la mitad de quienes cumplen arresto domiciliario utilizan tobillera, y el porcentaje es todavía menor en casos de mujeres condenadas.
La defensa también cita informes de especialistas y de la Comisión de Derechos Humanos del PARLASUR, que califican la tobillera y las restricciones como medidas desproporcionadas, excepcionales y contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El embargo se actualiza a más de $680 mil millones
En paralelo, un dictamen de los peritos contables de la Corte Suprema elevó a $684.990.350.139,86 el monto que Cristina Kirchner y el resto de los condenados deberán devolver por el perjuicio económico en la causa Vialidad. La cifra, solicitada por la fiscalía, representa una actualización del embargo inicial de $85 mil millones, fijado en 2022, e incluye factores como la inflación y nuevos elementos incorporados a la investigación.
Una vez que la defensa presente su propio peritaje, la Justicia notificará a los implicados, quienes tendrán diez días hábiles para cumplir con la devolución del monto determinado.