La muerte de Susana Edith Irazabal, jubilada y exdirectora del Colegio San Miguel de Coronel Vidal, expuso nuevamente las falencias del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Afiliados autoconvocados señalaron que la obra social provincial no garantizó la asistencia ni el traslado a tiempo y responsabilizaron directamente a su titular, Homero Giles, por el “abandono” hacia los afiliados.

Demoras que costaron una vida

De acuerdo al relato de su hermano, Jorge Irazabal, el sábado 4 de julio Susana acudió al hospital de Coronel Vidal para realizarse un electrocardiograma. El estudio reveló una anomalía y, al regresar al centro de salud, sufrió un infarto.

El personal médico logró estabilizarla, pero el hospital no contaba con la aparatología necesaria. Allí comenzó el calvario: ninguna clínica de Mar del Plata tenía camas disponibles y, tras insistentes gestiones, recién se consiguió una en el Hospital Privado Sudamericano de La Plata.

El problema fue el traslado. No había ambulancias equipadas en Mar del Plata y la única alternativa fue esperar una unidad que viajara desde La Plata, con una demora superior a ocho horas. Finalmente, Susana ingresó a terapia intensiva recién al día siguiente, a las 8 de la mañana. Una hora después, murió.

“Es una total negligencia y abandono del IOMA. No busco cargos ni beneficios, solo que esta barbaridad no se repita con otro afiliado”, expresó Jorge, con profunda indignación.

Reclamos sin respuesta

Tras el fallecimiento, un grupo de afiliados autoconvocados envió una carta a Giles, pero denuncian que el funcionario no respondió. “El pedido es claro: que Homero Giles deje el directorio del IOMA. Mientras esté al frente, no vamos a poder solucionar nada. No lo quieren ni los centros de salud ni los afiliados”, sostuvo Adriana Santi, vecina de Mar del Plata.

No es la primera vez que la obra social enfrenta reclamos. Semanas atrás, los afiliados ya se habían movilizado en la Plaza del Agua junto a usuarios de General Alvarado para denunciar la falta de coberturas y turnos, sin obtener respuestas.

Negocios privados en la mira

En paralelo, los afiliados apuntaron contra la Asociación Civil de Establecimientos Asistenciales y Prestadores Privados (ACEAPP), que actúa como intermediaria entre IOMA y los policonsultorios.

Acusan a su presidenta, Silvina Fontana, y al vicepresidente, Julián Fierro, de beneficiarse con licitaciones y contratos pagados con fondos públicos. Fontana, además, dirige RM Salud SRL, una empresa con al menos cuatro policonsultorios dentro de la red financiada por IOMA, lo que los afiliados consideran un grave conflicto de intereses.

Una obra social en crisis

Con el dolor de la familia Irazabal y la bronca de cientos de usuarios, el caso volvió a encender las alarmas sobre la conducción del IOMA y su capacidad de respuesta en situaciones críticas. El reclamo por cambios urgentes en la obra social provincial gana cada vez más fuerza en toda la provincia.

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