Por Héctor Costa, abogado
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) es el órgano encargado de revisar las causas de la justicia nacional ordinaria con sede en la Capital Federal, no es solo una resolución judicial. Es, en realidad, una decisión profundamente política que define y reconfigura el mapa del federalismo argentino.
La cuestión de fondo no es nueva. Desde la reforma constitucional de 1994, que otorgó autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, el proceso de transferencia de la justicia nacional ordinaria a la órbita porteña ha estado marcado por la inercia política y el incumplimiento sistemático de los mandatos constitucionales. El fallo en cuestión, con su referencia a precedentes como «Strada», «Di Mascio» y «Bazán», deja claro que la Corte está decidida a romper con ese «inmovilismo».
El voto mayoritario —Rosatti, Lorenzetti y Maqueda— apela a la coherencia federal: si las provincias tienen sus cortes supremas locales que revisan las causas ordinarias antes de llegar al máximo tribunal nacional, ¿por qué la Ciudad de Buenos Aires debería ser la excepción? Sin embargo, la disidencia de Rosenkrantz señala un punto no menor: ¿puede un tribunal local, como el TSJ porteño, revisar decisiones de un fuero nacional creado por ley del Congreso? Aquí es donde emerge la tensión entre la voluntad política del fallo y la estructura jurídica actual.
El caso Levinas —el expediente que originó esta sentencia— puede parecer menor, pero sus implicancias son monumentales. Causas de alto impacto, como la del Correo Argentino o el caso Chocobar, ahora deberán pasar por el TSJ porteño antes de llegar a la Corte Suprema. Este nuevo esquema no solo redefine competencias, sino que también plantea un horizonte de mayor autonomía judicial para la Ciudad.
No obstante, el fallo deja una advertencia clara: esta decisión no resuelve el problema estructural. La transferencia definitiva de la justicia nacional ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires sigue dependiendo de acuerdos políticos entre el gobierno nacional y el porteño, acuerdos que han sido postergados por más de tres décadas.
En conclusión, este fallo es un paso firme, aunque incompleto, hacia el cumplimiento efectivo de un mandato constitucional largamente desoído. Pero también es una invitación —o más bien una exhortación— a la política para que deje de lado sus intereses coyunturales y termine de una vez por todas con una anomalía que atenta contra el espíritu federal de nuestra Constitución. La Ciudad tiene que tener autonomía.