En plena escalada judicial por el sistema de fotomultas, el Gobierno bonaerense enfrenta un nuevo foco de conflicto interno.
La autorización de nuevos dispositivos de control vial en Mar del Plata volvió a encender alarmas en la Gobernación, ya que las concesiones alcanzan a empresas vinculadas al empresario Leandro Camani, hoy en el centro de denuncias cruzadas y del expediente por presunta extorsión que involucra al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y del CEAMSE, Claudio Tapia.
La habilitación, publicada por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, que conduce Martín Marinucci, permite sumar nuevos radares en rutas provinciales dentro del partido de General Pueyrredon fijos y móviles, estos últimos muy cuestiones y de excepción.
La decisión se conoce en un contexto especialmente sensible: Mar del Plata ya venía atravesando tensiones internas por el esquema de fotomultas y cuestionamientos sobre la operatoria de empresas proveedoras por parte del espacio político Fuerza Patria en contra del gobierno local del PRO.
Puertas adentro del oficialismo reconocen que la situación genera incomodidad. No solo por las causas judiciales que avanzan en distintos frentes provinciales y federales, sino porque el empresario beneficiado por nuevas autorizaciones es el mismo que mantiene una disputa judicial de alto voltaje con el CEAMSE y AFA ambas bajo liderazgo de “Chiqui” Tapia y aparece mencionado en investigaciones por presuntas prácticas extorsivas y vínculos con el narcotrafico denunciado por una competidora CECAITRA.
A ese cuadro se suma que el empresario también atravesó dificultades recientes en Quilmes, donde el avance del sistema quedó envuelto en controversias y frenos administrativos.
Lo más llamativo aún es la supuesta entrega de todo el
Sistema de juzgamiento de fotomultas a empresa vinculadas al empresario en contra de toda las mejoras y desarrollos efectuados en el SACIT provincial por el entonces Subsecretario de Transporte Alejo Suply y Federico Pedersoli, hoy todos en Unidad Gobernador.
Con ello la provincia perdería la trazabilidad y el control del material enviado ya que quedaría en manos de un privado. Las empresas podrían decidir que multas entregar y cuales desaparecer según su conveniencia, perdiendo la provincia el poder y control. Ya pasó que el sistema estuvo en manos de un privado y fue un descontrol total con desvíos y averías interminables, además de sustraerse toda la info de las personas que circulan por la provincia de Buenos Aires
En ese contexto, en la Gobernación admiten que el propio Axel Kicillof mandó a pedir explicaciones en Transporte para entender por qué se lo sigue beneficiando con nuevas autorizaciones en territorio bonaerense mientras mantiene enfrentamientos judiciales con Tapia y con dirigentes y funcionarios vinculados a la provincia.