Mientras el gobierno nacional expone presuntos desmanejos millonarios durante la gestión de Sergio Massa y Malena Galmarini en AySA, varios de los funcionarios señalados no solo evitaron dar explicaciones, sino que hoy continúan ocupando cargos de relevancia en la administración de Axel Kicillof.

La denuncia pública lanzada por el vocero presidencial Manuel Adorni puso en el centro de la escena la utilización de AySA como “plataforma de campaña” y el manejo de más de 4.800 millones de dólares en obras, de las cuales un cuarto se concentró en los municipios de Tigre y Malvinas Argentinas. Sin embargo, lo que Adorni no dijo es que varios de los nombres involucrados siguen activos dentro del Estado, bajo la protección del gobierno bonaerense.

Entre los más destacados figuran:

  • Patricio D’Angelo, exdirector administrativo de AySA, hoy ocupa el mismo rol en el Ministerio de Transporte bonaerense.
  • Eduardo Feijoo, otro nombre ligado al entorno de Galmarini, ahora es director provincial de Seguridad Vial.

Ambos integran el círculo estrecho del ministro Martín Marinucci, dirigente de confianza de Massa, lo que expone la continuidad de influencia del Frente Renovador en la estructura de gobierno provincial.

Un pacto político que cruje

La presencia de estos exfuncionarios en áreas clave responde a un acuerdo político sellado tras las elecciones de 2023 entre Kicillof y Massa, con el objetivo de preservar la unidad del peronismo frente al avance libertario. Sin embargo, ese pacto hoy genera incomodidad puertas adentro de la Gobernación.

“Es una situación delicada”, reconocen en off desde La Plata. Con el foco público y judicial posado sobre exfuncionarios massistas, la presión para revisar nombramientos heredados comienza a escalar. En este contexto, el gobernador se enfrenta al dilema de sostener la unidad interna o tomar distancia de figuras que podrían quedar comprometidas judicialmente.

Por ahora, reina el silencio. Pero si la causa judicial que apunta a AySA avanza en los tribunales, el blindaje político podría resquebrajarse y obligar a Kicillof a mover fichas en su gabinete.

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