La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) solicitó formalmente al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que no acepte la renuncia presentada por la jueza Julieta Makintach, quien se encuentra bajo proceso de enjuiciamiento tras su actuación en el juicio por la muerte de Diego Maradona.
A través de una nota dirigida al ministro de Justicia y Derechos Humanos provincial, Juan Martín Mena, la AJB expresó su preocupación por la posibilidad de que la magistrada del Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Isidro eluda el proceso político de remoción mediante su renuncia.
Makintach fue denunciada y apartada de manera compulsiva por la Suprema Corte bonaerense luego de los graves hechos registrados durante el juicio oral en el que se investigaban las circunstancias del fallecimiento del exfutbolista. Su accionar derivó en la anulación del proceso, provocando un escándalo mediático y un fuerte golpe a la credibilidad del Poder Judicial.
Ante la gravedad de los hechos, el Jurado de Enjuiciamiento intervino y dio inicio al procedimiento para evaluar su destitución. Sin embargo, en medio de este proceso, la jueza presentó su renuncia, lo que desde el sindicato judicial interpretan como un intento de evitar ser juzgada políticamente.
«Permitir que una magistrada eluda el juicio político a través de una renuncia es consagrar la impunidad institucional», advirtieron desde la AJB. El gremio sostiene que el gobernador Axel Kicillof tiene la facultad legal de no aceptar la dimisión, incluso si todavía no se alcanzó la etapa en la que la ley prohíbe expresamente su aceptación.
Asimismo, desde la AJB remarcaron que el juicio político no solo implica una eventual destitución, sino que cumple un rol fundamental en el sistema republicano, al garantizar la rendición de cuentas ante la sociedad. «No puede sustituirse con un proceso penal, ya que responde a otra lógica institucional», indicaron.
También recordaron que, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, la renuncia de un magistrado no es automática, sino un acto complejo que requiere aceptación expresa por parte del Poder Ejecutivo.
En ese sentido, advirtieron que aceptar la renuncia de Makintach no solo comprometería la integridad institucional del Poder Judicial, sino que además podría habilitar un eventual regreso de la magistrada a funciones públicas. En cambio, continuar con el proceso de remoción impediría esa posibilidad en el futuro.
Por todo esto, la AJB solicitó al Ejecutivo bonaerense que rechace la renuncia y permita que el juicio político siga su curso.