El bloque de diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT–U) en la Legislatura bonaerense presentó un proyecto de declaración para repudiar las declaraciones del diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, quien propuso cerrar el Astillero Río Santiago, al que calificó como un “ente residual que no sirve para nada” durante un acto en la Fundación Mediterránea.
El proyecto, impulsado por los legisladores Guillermo Pacagnini y Laura Cano, rechazó las expresiones de Espert y advirtió que “retoman el mismo camino” trazado por la exgobernadora María Eugenia Vidal, quien durante su gestión también apuntó contra la planta naval estatal con intenciones de cerrarla. “El Astillero no debe eliminarse, debe fortalecerse con inversión y condiciones dignas para sus trabajadores”, afirmaron.
Desde el FIT-U sostienen que el Astillero Río Santiago constituye una herramienta estratégica para el desarrollo de la industria naval argentina, la soberanía tecnológica y la generación de empleo calificado. En ese marco, reclamaron un mayor compromiso del Estado para sostener y potenciar su funcionamiento.
Además, el bloque de izquierda expresó su apoyo a los trabajadores del Astillero, quienes atraviesan un conflicto salarial y vienen exigiendo la reapertura de paritarias, un aumento de emergencia y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo. Como parte de sus medidas de lucha, el pasado 23 de junio llevaron adelante una multitudinaria movilización desde Ensenada hasta la sede de la Gobernación bonaerense, en La Plata.
Entre sus demandas, los trabajadores solicitan un salario básico con un piso de $1.819.121, el ingreso de hijos e hijas al astillero a través de mecanismos transparentes y la reactivación productiva mediante un plan de inversión pública que permita firmar nuevos contratos.
En paralelo, denunciaron los efectos del decreto 340/2025 del Gobierno nacional, que habilita la importación de buques usados y el uso de banderas de conveniencia en el transporte fluvial. Según el FIT-U, estas medidas golpean directamente a la industria naval local, tanto estatal como privada, y promueven la precarización laboral en el sector.
“El decreto atenta contra la producción nacional y favorece intereses extranjeros, mientras deja a los trabajadores en condiciones cada vez más vulnerables”, indicaron Cano y Pacagnini. A su vez, instaron a la Cámara de Diputados bonaerense a pronunciarse en defensa del Astillero y a acompañar la lucha de sus trabajadores.
“Hay que rodear de solidaridad esta lucha para garantizar la continuidad de la producción nacional y el trabajo digno. No podemos permitir que se desmantele una empresa estratégica para el país”, concluyeron los legisladores.