La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en La Plata atraviesa una de las peores crisis institucionales de su historia. Desde el fallecimiento de su histórico secretario general, Carlos Quintana, en 2022, la conducción del gremio quedó en manos de Fabiola Mosquera, quien asumió sin convocatoria a elecciones ni renovación dirigencial, generando un clima de denuncias, descontento y divisiones internas.
El dirigente opositor Jesús Nieves Pérez, referente de la agrupación Educación Viva, expuso en el programa Desconfiados, emitido por Cadena Río, una serie de acusaciones por presunta malversación de fondos sindicales, uso discrecional de recursos y privilegios económicos de la cúpula gremial.
Según la documentación que presentó Nieves Pérez, varias tarjetas corporativas de UPCN —incluida la que pertenecía a Quintana— continuaron siendo utilizadas tras su fallecimiento, registrando gastos personales en perfumerías, bodegas y servicios de salud privados. Entre los consumos más polémicos figura el pago de coberturas de alta gama en OSDE, en reemplazo de la obra social estatal IOMA, que cubre a la mayoría de los afiliados.
“Es indignante. La tarjeta no es personal, es de todos los afiliados, y mientras los trabajadores esperan atención en IOMA, se pagan una prepaga de lujo con fondos del sindicato”, denunció Nieves Pérez.
El dirigente también advirtió sobre un clima de persecución interna, asegurando haber sido amenazado en un café de City Bell por Juan Pablo Martín Oyarzábal, secretario gremial y hombre de confianza de Mosquera.
Además, apuntó contra presuntos vínculos entre la conducción sindical y empresas contratistas que operarían dentro de ministerios provinciales mediante acuerdos poco transparentes para compras y contrataciones.
La crisis adquiere un tinte familiar: el propio padre del denunciante, Héctor Nieves, actual tesorero de UPCN, figura señalado como cómplice en el manejo irregular de los fondos.
“Mi padre maneja la lapicera del gremio desde hace décadas y bloquea toda renovación. No hay espacio para la juventud ni para la democracia interna. Son cómplices de una gestión que está destruyendo la organización”, afirmó Nieves Pérez.
Desde la muerte de Quintana, la seccional platense no convocó elecciones, y la actual dirigencia mantiene el control del gremio sin legitimidad electoral. Las acusaciones de corrupción, autoritarismo y falta de transparencia han profundizado una fractura interna que amenaza con desgarrar al sindicato más poderoso de la administración pública bonaerense.
Nieves Pérez solicitó la intervención de los organismos de control y una investigación judicial sobre la utilización de los recursos del gremio.
“No es un enfrentamiento familiar ni político: se están violando normas legales y usando los aportes de los afiliados para enriquecerse. Los trabajadores tienen derecho a conocer la verdad”, concluyó.