Vecinos y organizaciones sociales del partido de La Plata solicitaron al intendente Julio Alak y al Concejo Deliberante la postergación del tratamiento de la segunda etapa del Plan de Ordenamiento Urbano Territorial, actualmente en debate en el cuerpo legislativo local. La primera parte de ese plan ya fue aprobada mediante la ordenanza 12.638.
Los peticionantes argumentaron que la iniciativa se impulsa sin la debida participación ciudadana, a pesar de que el proyecto regulará el crecimiento urbano del distrito para los próximos años y tendrá impacto directo en el ambiente, los servicios públicos, la morfología urbana y la calidad de vida de la población.
“Las decisiones que se adopten en esta regulación afectarán el presente y el futuro de los platenses, no solo a nivel local sino también regional”, señalaron en el documento.
Asimismo, remarcaron que los actuales mecanismos de consulta —como los Consejos Consultivos o las Juntas Comunales— no reemplazan la obligación del municipio de abrir instancias formales de participación pública, tal como exige la legislación vigente. También cuestionaron la reciente convocatoria del Concejo Deliberante, al considerar que está limitada a un proyecto ya elaborado y que ofrece un margen muy reducido para expresar observaciones o propuestas.
Entre los puntos críticos, destacaron que el plazo para realizar observaciones resulta “notoriamente insuficiente” en comparación con otros trámites previstos en el mismo texto, como el artículo 268 sobre inventario y registro de bienes, que otorga 60 días para impugnaciones.
Los vecinos recordaron que la primera etapa del denominado “Plan Bicentenario de Ordenamiento Territorial” tampoco fue sometida a consulta pública, lo que —según sostienen— constituye un antecedente negativo y una violación de normas constitucionales y ambientales.
Por ese motivo, las organizaciones solicitaron que no se avance con la aprobación del proyecto hasta tanto se convoque a una Audiencia Pública formal, con acceso a la información previa y participación efectiva de la ciudadanía. El pedido se fundamenta en el cumplimiento de la Constitución bonaerense, el Acuerdo de Escazú y otras disposiciones que garantizan el derecho a la participación en asuntos ambientales y urbanos.
Además, los espacios firmantes criticaron la falta de un diagnóstico multidisciplinario sobre la infraestructura del casco urbano —agua, cloacas, electricidad y pluviales— que permita evaluar la capacidad real de crecimiento sustentable. También cuestionaron los indicadores urbanísticos propuestos (FOS, FOT, densidad), advirtiendo que el proyecto reduce el espacio libre al 20% del terreno, de los cuales solo la mitad sería suelo absorbente, una medida que consideran inadecuada para una ciudad con riesgo de inundaciones.
En la misma línea, remarcaron la ausencia de un plan hidráulico regional que permita anticipar los impactos del crecimiento urbano sobre las cuencas y arroyos del partido.
“Lamentamos que se pierda la oportunidad de construir, junto a la ciudadanía, una visión de ciudad resiliente frente al cambio climático, con estrategias de sustentabilidad y eficiencia energética”, manifestaron.
El reclamo fue impulsado por las organizaciones Inundados La Plata, Defendamos La Plata, Nuevo Ambiente, Foro en Defensa del Árbol, DNI (Defendamos Nuestra Identidad) y SOS Adoquines, que coincidieron en que el COU no debe aprobarse a espaldas de los platenses.