El avance del Gobierno nacional en su plan de ajuste encontró un nuevo foco de resistencia. Esta vez, son los trabajadores viales quienes elevaron una voz firme contra la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo con 93 años de historia en el país. A través de una nota formal al Congreso de la Nación y un petitorio presentado ante los gobernadores provinciales, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) reclamó la derogación inmediata del decreto 461/25, que dispone el cierre del organismo y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Economía y Gendarmería Nacional.
“La Vialidad Nacional es un área fundamental para la cohesión territorial y la seguridad vial”, advirtió la secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, quien llamó a todas las seccionales del país a movilizarse y tomar medidas de fuerza. Según explicó, la medida no solo deja en la calle a más de 5.000 trabajadores, sino que desmantela la infraestructura pública en vastas regiones del país.
La preocupación no es menor: Vialidad Nacional es responsable del mantenimiento de más de 40.000 kilómetros de rutas en todo el país. El cierre implica el abandono técnico de 9.000 kilómetros que serán sometidos a licitaciones privadas, muchas de ellas con cobro de peajes, y sin garantías de continuidad en las obras ya iniciadas. A eso se suma el vaciamiento de campamentos técnicos en zonas rurales y del norte argentino, que durante décadas aseguraron presencia estatal en regiones alejadas.
Desde el Congreso, el reclamo recibió apoyo de los diputados de Unión por la Patria, como Ricardo Herrera, Juan Marino y Mario Manrique, así como de referentes de la izquierda como Alejandro Vilca y Christian Castillo, quienes reafirmaron su respaldo a los trabajadores. Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) también se expresó en contra de la decisión presidencial, alertando que la medida “prioriza el ajuste fiscal por sobre el bienestar social y la soberanía territorial”.
La disolución de Vialidad Nacional se concretó mediante facultades delegadas que el presidente Javier Milei utilizó a último momento, en una misma tanda de reformas que también alcanzó a la Comisión Nacional de Tránsito y a la Agencia de Seguridad Vial, reemplazadas por una nueva estructura bajo control del Ministerio de Economía: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Desde el oficialismo, justificaron la decisión por un supuesto sobredimensionamiento administrativo, alegando que solo el 33 % del personal cumplía tareas operativas, y anunciaron un supuesto ahorro de 100 millones de dólares anuales. No obstante, expertos y especialistas en infraestructura sostienen que el costo oculto será mucho mayor, con mayor riesgo de accidentes viales, deterioro de rutas y pérdida de la planificación estatal a largo plazo.
Por ahora, el gremio vial prepara una ofensiva judicial y sindical, mientras se profundiza el conflicto con el Ejecutivo nacional. “No se puede gobernar desmantelando al Estado”, insistió Aleñá.