Productores rurales de Carlos Casares llevaron su reclamo por las inundaciones a la Legislatura bonaerense, donde exigieron soluciones urgentes ante el abandono de los caminos rurales y la paralización de obras hidráulicas. Además, presentaron una denuncia penal contra funcionarios locales y provinciales por su presunta responsabilidad en el desastre que afecta miles de hectáreas productivas.
El encuentro se realizó en el Salón Antonio Cafiero del Senado bonaerense y reunió a los presidentes de las comisiones de Asuntos Agrarios de ambas Cámaras, Sabrina Sabat (Unión y Libertad) y Alejandro Cellillo (UCR – Somos Buenos Aires), junto a los legisladores Luciano Bugallo (Coalición Cívica), Silvina Vaccarezza, Nerina Neumann (UCR – Cambio Federal) y Jorge Schiavone (PRO). También participaron de forma virtual Paula Bustos, Martín Endere (PRO) y Fernanda Díaz (Unión por la Patria).
“Tuvimos que hacer una denuncia penal”
Entre los productores, una de las voces más contundentes fue la de Carolina Donegani, de la agrupación Comunidad Rural Carlos Casares, quien apuntó contra la falta de mantenimiento de los caminos y el control de los canales clandestinos.
“No me vengan con que las inundaciones son producto del cambio climático para disfrazar lo que no hicieron. Yo puedo estar inundada, pero también debería tener el camino hecho, y eso hoy no pasa”, advirtió Donegani.
La abogada Alejandra Córdoba, representante legal de los productores de la región centro bonaerense, profundizó las críticas:
“El barro es la frontera que separa al campo del acceso a nuestros derechos. Falta voluntad política, y lo que más bronca da son las omisiones. Los caminos deberían ser puntos de conexión, y hoy son ríos imposibles de transitar”.
Córdoba citó además datos de CARBAP y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que estiman entre 2 y 4 millones de hectáreas afectadas, con unas 900 mil bajo el agua.
También participó el tambero Diego Martín, quien relató que desde marzo la escuela rural a la que asisten sus hijos “no tiene docentes”. “Son muchas las familias que la están pasando mal”, expresó junto a su esposa.
Compromiso legislativo y reclamo por obras hidráulicas
Los legisladores se comprometieron a impulsar medidas concretas y crear una mesa de trabajo con productores, intendentes y funcionarios para avanzar en soluciones estructurales.
“La emergencia está, pero también tenemos que hablar de prevención. Esto no nos puede volver a pasar. Hay que generar leyes macro para que el Estado esté presente antes del desastre”, sostuvo Sabrina Sabat.
Por su parte, Alejandro Cellillo informó que ambas comisiones legislativas “van a trabajar el tema en conjunto” y anticipó una reunión con asesores, representantes del Ejecutivo y del Banco Provincia.
Desde la oposición, Luciano Bugallo fue más duro:
“Podemos presentar proyectos, pero si el Ejecutivo no ejecuta, o no baja línea a sus legisladores, todo queda empantanado. Hay una responsabilidad de la Provincia y también de la Nación, que recaudan fondos para obras que no hacen”.
La denuncia penal: funcionarios bajo la lupa
Durante la reunión, los productores explicaron que presentaron una denuncia penal contra el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, y funcionarios de la Autoridad del Agua (ADA) y de la Dirección de Hidráulica bonaerense, responsables del Comité de Cuenca A3 del río Salado.
“Por primera vez tuvimos que llegar a la Justicia, porque las autoridades sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada”, detalló Córdoba.
La causa, radicada en la Fiscalía N° 2 de Trenque Lauquen, a cargo del fiscal Tomás O’Reilly, imputa a los funcionarios por estrago doloso por inundación, omisión impropia e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Donegani recordó una frase del intendente Stadnik que encendió la indignación del sector:
“Hace dos meses dijo: ‘Vamos a esperar que baje el agua y después veremos qué hacemos’. Es una falta de respeto total. Hace 14 años que gobierna y tiene responsabilidad directa sobre los caminos rurales”.
“No estamos tan enojados con la naturaleza como con las omisiones”
Los productores insisten en que el problema no se reduce a la lluvia. “El Plan Maestro del Río Salado debía terminarse en 15 años, pero lleva 30 y está a medio hacer”, denunciaron. “Hay desidia de la Provincia, falta de control sobre los canales clandestinos y abandono total de los caminos rurales”.
El reclamo, que ya tomó dimensión judicial y política, busca no solo asistencia inmediata, sino una estrategia de fondo para evitar que la historia se repita con cada temporal.