El Gobierno nacional oficializó la creación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), una nueva estructura que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich. La medida, tomada a contrarreloj y sin debate parlamentario, se enmarca en el viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos, donde busca cerrar acuerdos políticos y financieros con el entorno de Donald Trump.
La iniciativa llega acompañada de un convenio de cooperación con el FBI, que se firmará en Washington, y que habilitará la presencia de instructores norteamericanos para capacitar a agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) en “materia de terrorismo”. Según fuentes oficiales, el acuerdo permitirá “mejorar las capacidades de respuesta ante amenazas globales”, aunque especialistas advierten sobre la cesión de soberanía en tareas de seguridad interior y la ambigüedad en la definición de terrorismo que maneja el Gobierno.
Un concepto amplio y peligroso
El CNA actuará como organismo coordinador entre fuerzas federales, servicios de inteligencia y organismos internacionales. Sin embargo, preocupa que el Ejecutivo haya ampliado la noción de “terrorismo” a manifestantes, organizaciones sociales y comunidades originarias, en especial a la población mapuche, que ya fue señalada por el oficialismo como “grupo subversivo”.
“Este tipo de convenios importan una visión securitaria importada de Estados Unidos, que en Argentina puede traducirse en persecución política”, advirtió un funcionario judicial que pidió reserva de su nombre.
La decisión también se da en medio de la autorización para el ingreso de tropas extranjeras al país con el argumento de realizar ejercicios conjuntos, lo que refuerza la idea de una militarización creciente de la seguridad interna.
Una política para agradar a Washington
El anuncio coincide con la gira de Milei por Estados Unidos, donde busca respaldo político y financiero. La creación del Centro Nacional Antiterrorismo se interpreta como un gesto de alineamiento con la política exterior norteamericana, que prioriza la cooperación en materia de defensa y seguridad hemisférica.
“Es un intento de mostrarle a Washington que Argentina puede ser un socio confiable en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo, aun a costa de su autonomía institucional”, señaló un analista diplomático consultado por Página/12.
Con esta decisión, el Gobierno suma otro capítulo a su agenda de seguridad punitivista y de subordinación internacional, que ya tuvo su correlato en la represión de la protesta social, la criminalización de organizaciones populares y la ampliación del rol de las fuerzas federales en conflictos internos.
“El terrorismo no está en las calles, está en las políticas que empobrecen y reprimen”, sintetizó un referente de derechos humanos ante el anuncio.