El régimen de concesiones viales que impulsa el Gobierno Nacional bajo la denominada Red Federal de Concesiones (RFC) volvió a generar controversia entre especialistas y entidades del sector. Diversos informes advierten sobre inconsistencias legales, falta de transparencia y un esquema financiero que reproduce viejos modelos fracasados, sin garantizar mejoras reales en la infraestructura vial del país.
Un sistema que vulnera derechos constitucionales
Si bien el presidente de la Nación ha reiterado públicamente la importancia de respetar la Constitución, el actual régimen de concesiones viales incumple el principio de libre tránsito, ya que no contempla la existencia de rutas alternativas sin peaje. Este aspecto implica, según los especialistas, una restricción indirecta al derecho constitucional de circular libremente por el territorio nacional.
Doble carga impositiva y falsa noción de “libertad”
El cobro de peajes, plantean los críticos, constituye una forma de doble imposición, dado que los usuarios ya contribuyen mediante el Impuesto a los Combustibles, destinado precisamente al mantenimiento de la red vial. En la práctica, el peaje opera como un impuesto al tránsito, que contradice los principios de libertad y razonabilidad tributaria.
Fondos desviados y falta de inversión privada
Pese a los argumentos oficiales sobre la falta de recursos, los registros señalan que el Estado recauda más de 3.000 millones de dólares anuales por el Impuesto a los Combustibles. Sin embargo, esos fondos no se destinan íntegramente a obras viales, sino que son absorbidos por otros programas presupuestarios, lo que representa una desnaturalización del objetivo original de esa recaudación.
A su vez, aunque el Gobierno anunció que las nuevas concesiones serían financiadas por capitales privados, los proyectos licitados —como los Tramos Oriental y Conexión— prevén el uso de fondos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), entidad pública que depende del Ministerio de Economía. Esto contradice el discurso oficial y vuelve a trasladar el peso financiero al Estado.
Empresarios cuestionados y un modelo repetido
Las empresas que hoy se presentan a las licitaciones, en su mayoría, pertenecen a los mismos grupos vinculados históricamente al denominado “club del peaje”, asociados a causas judiciales por corrupción en la obra pública. Para los críticos, esta continuidad refleja una contradicción política, considerando los cuestionamientos públicos del propio presidente hacia esos sectores.
En la práctica, la RFC reproduce el esquema de concesiones de los años ’90, caracterizado por su escaso control estatal y su baja eficiencia. Pese a las promesas de reforma, se mantiene un sistema que, según los analistas, ya demostró su fracaso.
Corredores Viales S.A., la “caja política” que no se disuelve
Otro punto señalado es el incumplimiento del compromiso de disolver la empresa Corredores Viales S.A., creada como estructura paralela de Vialidad Nacional. A casi dos años de gestión, la firma sigue operando principalmente como recaudadora de peajes, sin ejecutar obras de envergadura y con funciones superpuestas con otros organismos.
Peajes más caros y sin riesgo empresario
Los nuevos pliegos licitatorios contemplan tareas de mantenimiento rutinario, sin obligaciones de inversión en ampliación de rutas ni en nuevas obras. Aun así, se proyecta triplicar las tarifas e instalar más cabinas de peaje, con una frecuencia promedio de una cada 97 kilómetros. Esto incrementará los costos logísticos y afectará la competitividad del transporte y de las economías regionales.
Impacto económico y social
De acuerdo con los estudios técnicos, el sistema de peaje resulta económicamente inviable en gran parte del país, debido al bajo caudal de tránsito. Los ingresos apenas alcanzan para cubrir los costos operativos y las utilidades de las concesionarias, sin generar mejoras reales en la red.
Además, el esquema encarece el transporte y tiene efectos inflacionarios indirectos, afectando incluso a los sectores que no utilizan vehículos. Por eso, algunos analistas califican el programa como una “Red Federal de Impuesto al Tránsito” más que como una política vial moderna.
Una propuesta alternativa
El documento concluye que el modelo vigente es ineficiente, regresivo y carece de sustento técnico. En su lugar, propone que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) retome la administración y mantenimiento de las rutas nacionales, bajo un esquema de gestión pública transparente y con control ciudadano.
Asimismo, plantea que los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles se destinen exclusivamente a obras viales, garantizando así una mejora efectiva en la infraestructura del país y una administración más equitativa de los recursos.